ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DENTRO DE LA PAREJA EN ECUADOR DESDE LA VISIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN

ANALYSIS OF VIOLENCE WITHIN THE COUPLE IN ECUADOR FROM THE VISION OF THE PROFESSIONALS INVOLVING

Santiago Boira Sarto (España)

santiago.boira@gmail.com

Investigación


Recibido: 01/02/2017 

Aprobado: 15/02/2017



RESUMEN

Este estudio analiza la violencia dentro de la pareja en Imbabura (Ecuador) y la respuesta profesional e institucional desde la visión de los diferentes agentes de intervención involucrados. Se realizó una investigación cualitativa en la que participaron 61 persona a partir de grupos focales y entrevistas en profundidad. Se analizaron diferentes áreas que incluyeron: a) la visión que los profesionales tienen de la dinámica de la violencia, c) la respuesta técnica que reciben víctimas y agresores, y c) la respuesta desde las instituciones. Los resultados indican que la lucha contra la violencia de género en Ecuador viene frenada por unas estructuras machistas naturalizadas, ausencia de recursos de proximidad y donde debe mejorarse la red de recursos que apoye a la víctima, la coordinación interinstitucional, la respuesta de los profesionales y la burocratización de los procesos administrativos. Estas circunstancias causas el silencio de las víctimas, dificultades de acceso a la justicia, desconfianza en la acción de la administración, bajas tasas de denuncia e impunidad frente a los agresores.

 

INTRODUCCIÓN

La violencia de género se extiende por las diferentes regiones del mundo y debe ser pensada como un problema global, de salud pública, que vulnera los derechos humanos humanos (Ellsberg, Jansen, Heise, Watts y Garcia-Moreno, 2008; WHO, 2013; Devries et al., 2013; Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise y Watts, 2006).

En Latinoamérica diferentes informes e investigaciones reflejan el impacto de este tipo de violencia y su gravedad a lo largo de todo el continente (p. e., Bott, Guedes, Goodwin y Mendoza, 2012), dejando claro que todavía queda un importante camino por recorres pese a los avances en las legislaciones nacionales de algunos países (PNUD-ONU Mujeres, 2013; PAHO-WHO, 2015). Como se señala desde las Naciones Unidas hay que subrayar la responsabilidad que los Estados tienen en esta materia y pasar de las palabras a los hechos. Es necesario disminuir en los diferentes países la brecha entre las directrices y recomendaciones internacionales respecto a la eliminación de la violencia de género y las políticas y prácticas en los niveles nacionales y locales (WHO, 2006).

Al igual que en el resto del continente, en Ecuador el problema de la violencia de género es grave. En el año 2011 el número de denuncias interpuestas en las Comisarías de la Mujer y la Familia fue de 83.115 (Comisión de Transición para la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 2014). Por otra parte, en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres señala que en Ecuador 6 de cada 10 mujeres ha vivido algún tipo de violencia de género. Y de ellas, el 87,3% ha sufrido violencia física en el marco de las relaciones de pareja (Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, 2011; Camacho, 2014).

En el caso de Ecuador se han realizado esfuerzos políticos importantes tanto desde el punto de vista de las reformas legislativas como en la incorporación de medidas en los planes y estrategias de acción (p. e., el Plan nacional de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujer o la Agenda nacional de las mujeres y la igualdad de género). Por otra parte, el actual Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) establece que este problema debe afrontarse de una manera decidida. Por otra parte, recientemente ha entrado en vigor el Ecuador, el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica los diferentes delitos de violencia de género e incorpora como una importante novedad la calificación como delito el femicidio y la violencia psicológica (Boira, 2014).

La relación de violencia entre la víctima del agresor no se produce aisladamente sino en relación con diferentes redes compuestas por la familia, los amigos, el vecindario o los diferentes profesionales involucrados en el caso. En este contexto, la respuesta tanto de estos profesionales como de la administración en su conjunto puede ser crucial en términos de protección de la víctima y de actuación sobre el victimario. Así, desde una estrategia cualitativa el objetivo de este trabajo es analizar la visión que los profesionales tienen de la dinámica de la violencia, la respuesta técnica e institucional  que reciben tanto las víctimas como los agresores.

Se considera que este acercamiento puede ser importante también en el ámbito del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas esta aproximación ecológica permite un análisis más integral que puede favorecer los procesos de planificación facilitando la identificación de los factores de riesgo en los diferentes niveles (personal, relacional, comunitarios y del ámbito sociocultural), para ponerlos en relación con las prioridades y las estrategias de acción (WHO, 2002; Heise, 2011). 

MÉTODO

Este estudio fue realizado en la provincia de Imbabura situada en la región andina de la Zona 1 al norte de Ecuador. La provincia está dividida en seis cantones (Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, San Miguel de Urcuquí y Pimampiro, posee una superficie de 4.599 km² y una población de 398. 244 habitantes. La edad promedio es de 29 años. El 65,7% de sus habitantes se consideran mestizos, el 25,8% indígenas y el 5,4% afroecuatorianos.

Para este trabajo se ha empleado una estrategia cualitativa de análisis. En concreto, se ha trabajado con la técnica de la entrevista en profundidad y el grupo focal. Se realizaron siete grupos focales y ocho entrevistas en profundidad en las que participaron un total de 61 personas. Para la configuración de los grupos y la selección de informantes clave se ha tenido en cuenta tanto roles profesionales directamente implicados en la atención de los casos de violencia como otras figuras de la sociedad civil cuya percepción se considera importante en relación con este tema.

El estudio de campo se desarrolló entre los meses de septiembre y noviembre de 2014. Para la conformación de los grupos y la selección de los informantes clave se contó con profesionales vinculados al Gobierno Provincia de Imbabura, al Centro de Atención Integral a la Mujer y Familia Imbabureña (CAIMYFI) y a la Universidad Técnica del Norte de Ibarra.

La duración tanto de las entrevistas como de los grupos tuvo una duración media de 1 hora y 15 minutos. Al comienzo de cada entrevista o grupo se explicaron los aspectos generales de la investigación y se solicitó el consentimiento de cada participante. Ninguno de los convocados declinó la invitación a participar.

Aunque en función de cada grupo se fueron adaptando algunas de las cuestiones planteadas, las temáticas generales que se abordaron en los grupos fueron las siguientes: a) relaciones de pareja; b) causas, dinámica de la violencia y factores de riesgo; c) acceso a los recursos; y d) respuesta profesional y e) actuaciones y prevención.

Los grupos y las entrevistas fueron grabados en audio y posteriormente se transcribió íntegramente su contenido. El análisis del discurso se desarrolló siguiendo las directrices de Taylor y Bogdan (1987).

 

RESULTADOS

En este apartado de resultados se analiza la respuesta profesional y la actuación desde las instituciones. En concreto, se abordan aspectos que tienen que ver con la ruta atención tanto a víctimas y el seguimiento y acción sobre los agresores.

 

AMBIVALENCIA EN LA RESPUESTA PROFESIONAL Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

A partir del análisis realizado parece claro que  respuesta que los profesionales en su relación con la víctima es crucial. Esta respuesta es también en muchos sentidos ambivalente. No parece haber una conciencia clara de cómo se manifiesta este tipo de violencia y cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Si bien es cierto que en general se tiene claro que ante un caso grave de violencia el camino inevitable debe ser la protección de la víctima, se suelen proponer otros caminos dirigidos a la mediación, al arreglo o denunciar pero sólo como aviso hacia el agresor. 

Otra particularidad, es que si bien el profesional es consciente de las dificultades de la víctima para contar y hacer pública su situación no suele ser proactivo en el acompañamiento de la víctima.

Esta pasividad suele ser justificada en ocasiones por la negativa de la víctima a denunciar, por su negación del maltrato, porque se reconcilia con el agresor de inmediato o porque no presenta las evidencias necesarias. Respuesta de los profesionales que puede llegar a ser fría y adolecer de empatía.

Algunos profesionales manifiestan también cansancio y frustración por la falta de apoyo y de recursos. Uno de ellos, llega a preguntarse: “bien, estamos aquí, ¿qué podemos hacer?” El miedo y el temor se ha hecho también presente: a no sentirse respaldados por la Administración, a las represalias de la familia del hombre o, como en el siguiente ejemplo, ante la investigación de asesinatos de mujeres que puedan estar relacionados con trata de personas o narcotráfico.

Las relaciones entre el ciudadano y la administración es un asunto importante que puede influir decididamente en cómo la violencia de género sucede. Aunque la situación ha ido evolucionando a lo largo de los años, se critican las dificultades para muchas víctimas respecto a los procedimientos administrativos y burocráticos. Burocracia que en caso de la víctima puede representar un freno importante para la denuncia de la situación. 

 

 

Además, el escenario de encuentro entre el actor institucional y el ciudadano parecería ser un escenario difuso. No parecen estar claros los roles y los mecanismos de protección y restitución de derechos. En este sentido, el trato con la Administración es muy personalista y aunque el punto de partida es la Ley, el ciudadano no parece tratar con el sistema administrativo en su conjunto sino con sus figuras representativas y que identifica con poder de decisión: el concejal, el acalde o el gobernador. 

Más allá de los tribunales, muchos ciudadanos desconocen la existencia de instancias específicas orientadas a velar por sus derechos (p.e., Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o la Defensoría del Pueblo). Desconocimiento y también falta de confianza en que puedan ofrecer una ayuda efectiva a sus problemas. Muchas personas parecen confiar más en el conocido, el contacto o como comentan aquí “la palanca” que le abra la puerta y le permita solucionar su dificultad. 

 

DENUNCIA, RUTA DE ATENCIÓN Y ACTUACIÓN CON LAS VÍCTIMAS Y LOS AGRESORES 

Aunque en algunos discursos se manifiesta un cambio de tendencia respecto a la disminución de la violencia y al aumento de las denuncias, hay un acuerdo bastante general en que el nivel de denuncia es todavía muy bajo especialmente en los territorios rurales. En este sentido, cabría diferenciar entre los casos de violencia que se producen, los que se notifican a alguna de las instituciones involucradas (tenencias políticas, hospitales, centros de atención integral, policía, judicatura, fiscalía…), y los que finalmente se transforman en una denuncia efectiva. 

En el proceso de atención es importante prestar atención a los primeros momentos y acompañar a la víctima en su proceso de toma de decisiones. Las posibilidades de apoyo son muy desiguales en función de los territorios y por ello resulta crucial identificar los recursos disponibles y las organizaciones que pudieran prestar especializado. Hay que tener en cuenta, además, que las Unidades Judiciales de violencia de género y los centros especializados de atención a la mujer se ubican en áreas urbanas con lo que la víctima de las comunidades rurales debe trasladarse para presentar una denuncia o para recibir atención especializada. 

Las Unidades Judiciales de violencia contra la mujer y la familia dependen del Consejo de la Judicatura y representan un avance importante en tanto que suponen una estructura nacional que centraliza las actuaciones judiciales en esta materia. Sin embargo, se han manifestado algunas críticas en cuanto a su estructura y funcionamiento.  Se reprocha que estén centradas en el sostenimiento del juez pero no en la atención terapéutica, que no se adapten a las necesidades que las víctimas presentan y que no contemplen las diferentes sensibilidades culturales de las mujeres. 

Por otra parte, el tratamiento psicológico especializado a las víctimas y a los menores no está generalizado y, en ocasiones, o no existen los recursos o están muy alejados de la residencia de la mujer. Tampoco existe un tratamiento sistemático dirigido a los agresores, éste es incipiente y solo se está llevando a cabo en alguno de los recursos de forma aislada. La juez suele instar a que la víctima, y en algunos casos al agresor, a realizar una terapia pero no suele haber seguimiento sistemático de estos procesos. 

En este escenario hay que considerar de manera muy significativa el papel de acompañamiento que desempeñan las organizaciones no gubernamentales y, entre ellas, muy especialmente las asociaciones de mujeres. 

En otro orden de cosas, la ruta de atención es un tema crucial que implica que tanto víctimas como profesionales conozcan del camino a seguir para poner una denuncia, los pasos básicos del procedimiento judicial o los recursos disponibles de apoyo a la víctima.  Resulta también esencial conocer cómo estos recursos responden y se organizan en relación a las necesidades de la víctima: si finalmente se presentan las denuncias, si la denuncia se convierte en un proceso judicial y si el juicio concluye con una condena para agresor. 

En el territorio estudiado se han producido diferentes intentos de consensuar una ruta de atención en los diferentes cantones a través de experiencias de trabajo en red (p.e., La Red de Protección Integral en Casos de Violencia Intrafamiliar de Género y Sexual de Imbabura), sin embargo no se ha concretado un modelo claro a nivel provincial donde se identifique la función de cada institución y se establezcan los niveles de coordinación para una adecuada gestión de los casos. 

 


Por último, un aspecto fundamental es valorar en qué medida la denuncia presentada acaba en un juicio y condena del agresor. Como se ha comentado la percepción de los profesionales es que el número de denuncias es bajo, muchas de ellas no acaban en juicio y si lo hacen, las condenas no suelen superar los tres meses de prisión. Además, otro aspecto importante es que aunque el juicio llegue a celebrarse no siempre el agresor se presenta con lo que con el paso del tiempo el asunto puede ser archivado.

 

DISCUSIÓN

Los resultados de este análisis muestran la importancia de las respuestas profesionales y de las relaciones de la víctima y su entorno con la administración en relación con la intervención y prevención de las situaciones de violencia. Se dibuja un escenario complejo de interrelaciones que permite un análisis más allá de la consideración individual de la víctima y del agresor y pueden resultar clave para la comprensión del fenómeno, su diagnóstico y el diseño de políticas públicas.

Un primer aspecto a destacar es que el punto de partida es la permanencia de una cultura patriarcal todavía muy interiorizada que naturaliza y minimiza muchas de las actitudes y comportamientos violentos. La percepción de que la Ley ecuatoriana favorece a las mujeres y entender que en muchos casos son las mujeres las que provocan a los hombres en busca de determinados beneficios económicos han sido lugares comunes frecuentes. Dicha cultura patriarcal y su influencia en la educación tanto formal como no formal parecen tener un efecto importante. Los roles de género se refuerzan en el sistema educativo en tanto que los textos escolares reflejan estos patrones o modelos: mujer-madre-esposa; hombre-proveedor-líder. Las prácticas educativas, el lenguaje y juegos sexistas son también expresiones de estos modelos: mujer-reina de belleza; hombre-deportista. Adicionalmente las niñas y jóvenes mujeres enfrentan mayores riesgos de ser víctimas de violencia y abuso sexual. (Camacho, 2010: 60).

Algunas ideas esenciales surgidas tanto en las entrevistas como en los grupos focales subrayan importantes disfunciones ya identificadas por autores como Maira (1999) hace ya dos décadas. En relación con la ruta que recorren las mujeres víctimas de violencia dicha autora afirmaba que las mujeres se encuentran con obstáculos a menudo insalvables en su esfuerzo por superar la violencia Además, la respuesta de los sectores involucrados es insuficiente y parcial reforzando roles y actitudes culpabilizadoras hacia la mujer y que no promueven su empoderamiento.

Otro aspecto importante que se desprende de los resultados es el papel determinante de las relaciones que desarrolla la administración del Estado con los ciudadanos, y en especial con las víctimas de violencia. En las narraciones se ha criticado la falta de formación de los servidores públicos, la falta de empatía y de comportamiento proactivo hacía las víctimas y sus familias. También se han manifestado como obstáculos importantes la falta de información de muchas mujeres, las dificultades de acceso a la justicia y los procedimientos burocráticos.

Por otra parte, los recursos públicos dedicados a este problema no parecen ser suficientes y, en opinión de algunos informantes, no parecen estar bien distribuidos siendo insuficientes en el nivel operativo de atención directa a las víctimas y sus hijos e hijas. No hay una red pública que ofrezca de manera sistemática apoyo y protección en el territorio y que incluya actuaciones en las diferentes áreas (legal, psicológica, social, formativa o laboral).

Desde el punto de vista de la planificación, aunque existen planes de actuación tanto a nivel nacional como local deben mejorarse los aspectos relacionados con la evaluación, que ayuden a desarrollar políticas públicas permanentes, que integren a todas las organizaciones públicas y sociales, con fondos suficientes y sostenibles en el tiempo (Essayag, 2013). En el ámbito de la provincia de Imbabura no existe ni un mapa de recursos que organice los diferentes servicios en el territorio ni una ruta de atención clara. Estas herramientas son imprescindibles para una actuación verdaderamente integral de lucha contra este tipo de violencia. Red de atención y mapa de recursos son dos elementos inseparables. Muchas de los programas y servicios tanto del mundo público como privado/social parecen que comienzan y terminan en lo local. Se hace en pequeñas apuestas con un alcance limitado sin que se integren en entornos de atención operativa más amplios fundamentales en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, desde punto de vista de la acción de la administración, fundamentalmente la local, parece que las actuaciones se concentran más en servicios básicos que pueden afectar a una ciudad o provincia (agua, caminos, construcciones públicas…), que en los servicios sociales y sobre todo en el mantenimiento sostenible de sus programas. Además, algunos informantes refieren una política pública muy personalista, en ocasiones clientelar y apegada a los lineamientos del político de turno.

Como consecuencia de lo anterior son muchas las razones que llevan a que los niveles de denuncia sean muy bajos. Uno de los puntos más importantes que limita la interposición de denuncias es que la violencia se naturaliza, se asume, considerándose un mal menor por muchas mujeres que la sufren. Además, algunos informantes afirman que la mujer/víctima no desea que su marido acabe detenido y en prisión. Ella se mantiene en la fantasía de que él va a cambiar, de que si se le da un escarmiento, un susto, un aviso…, esto va a hacerle reaccionar y la pareja podrá recuperar un cierto equilibrio y "felicidad". Por otra parte, no parece quedar clara la ruta a seguir para acceder a la justicia, por desconocimiento, porque no se quiere dar un paso que pueda perjudicar “en exceso” al agresor o porque se confía poco en las estructuras legales de protección. No hay un soporte efectivo (de apoyo económico, psicológico, social…), que ayude a la víctima a salir de la situación. El contexto de violencia está caracterizado por el miedo, la dependencia económica y la presión social. De hecho, familiares, amigos o agentes pueden considerar que lo prioritario no es denunciar y salir de la relación de violencia. A menudo, se valora la posibilidad de agotar todas las posibilidades y dar la oportunidad al agresor para que cambie y se recomponga la pareja lo que en muchos casos es bastante improbable (Boira, 2010).

La sensación de impunidad, de que la denuncia no va a servir para mucho y de que aunque la mujer dé el paso va a tener probablemente que regresar a su casa con el agresor, es también otro factor que favorece el silencio y la inacción. Finalmente, en el mundo rural aparece la distancia y el tiempo que la víctima debe emplear para poder interponer la denuncia.

Estos factores no son muy diferentes a los identificados por Sagot (2000) para el conjunto de Latinoamérica que vuelven a configurar un escenario común. En dicho trabajo, se establecen un conjunto de factores que conducen a la inhibición de la denuncia: a) Miedos, culpa y vergüenza, b) amor por el agresor, c) idea de que lo que ocurre al interior de la familia es privado, d) manipulación del agresor y dinámicas del ciclo de la violencia, e) falta de información y desconocimiento de los derechos  que asisten a la víctima, f) presiones familiares y sociales, g) Inseguridad económica y falta de recursos materiales, h) actitudes negativas de los prestatarios e inadecuadas respuestas institucionales, i) limitada cobertura de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de mujeres y j) contextos sociales con historias de violencia.

En el análisis realizado queda patente una estructura frágil del Estado en muchas áreas rurales, una red de recursos y apoyo a las víctimas limitadas o una excesiva burocratización suponen obstáculos muy severos para la mujer que sufre violencia. En este punto es importante subrayar que el abordaje y mejora de estas condiciones va más allá de las políticas de género implicando el cambio y la mejora de aspectos estructurales.

Hay también que destacar la enorme influencia que la cultura patriarcal que influencia y mediatiza todos los sistemas de relaciones en los que víctima y victimario se ven envueltos

Las conclusiones expuestas en este trabajo se podrían hacer extensibles a otras regiones de Latinoamérica. Por ejemplo, en un análisis de la paridad de género Archenti y Albaine (2013), analizan la compleja dinámica política y social en países como en Bolivia y Ecuador donde pese a legislaciones avanzadas en materia de género los cambios son difíciles y deben lidiar con barreras político-institucionales y la influencia de una cultura patriarcal. 

Asimismo, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2014) reconoce importantes avances legislativos y en el compromiso de los Estados en el abordaje de este tipo de violencia, plantea algunos aspectos muy problemáticos y reconoce ineficacia e impunidad ante casos de violencia contra las mujeres: a) vacíos e irregularidades en la investigación de los casos de violencia contra las mujeres; b) deficiencias en el juzgamiento y sanción de los casos de violencia contra las mujeres; c) calta de efectividad de los mecanismos preventivos de protección frente a la violencia contra las mujeres; d) barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a instancias judiciales de protección; o e) problemas estructurales identificados dentro de los sistemas de justicia que afectan el procesamiento de casos de violencia contra las mujeres.   

 

En el informe de PNUD-ONU Mujeres en relación con el compromiso de los Estados encaminado al desarrollo de planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (Essayag, 2013) se establecen unos nudos críticos que deben ser abordados en diferentes países: escasa voluntad y apoyos políticos, insuficiente asignación de recursos financieros, débil articulación interinstitucional, intersectorial e interjurisdiccional, cambios en la gestión de los programas y altas tasas de rotación en los funcionarios encargados, falta de integralidad en la respuesta institucional, capacidad técnicas débiles y culturas institucionales tradicionales, debilidad en el desarrollo de sistemas de información sobre violencia contra las mujeres y evaluaciones incipientes sobre los resultados de los planes y políticas públicas. 

En resumen, La lucha contra la violencia de género en Ecuador viene frenada por unas estructuras machistas naturalizadas, ausencia de recursos de proximidad y donde debe mejorarse la red de recursos que apoye a la víctima, la coordinación interinstitucional, la respuesta de los profesionales y la burocratización de los procesos administrativos. Estas circunstancias causas el silencio de las víctimas, dificultades de acceso a la justicia, desconfianza en la acción de la administración, bajas tasas de denuncia e impunidad frente a los agresores. 


BibliogrAFÍA

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